Santa fe,  Viernes 24 de Enero de 2020 - 19:36 Temp: C
DECRETO
Santa Fe adhirió al protocolo de interrupción legal del embarazo
Fue por un decreto, firmado por el gobernador Omar Perotti y el ministro de Salud, Carlos Parola. Cambia la lógica de objeción de conciencia en Santa Fe.
Tapa | Noticia | 08-01-2020
Fuente: Uno santa Fe
El gobierno provincial adhirió a través del decreto 007 al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo actualizado en 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación.
En el documento oficial –que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y del ministro de Salud, Carlos Parola– se explica que la aplicación del protocolo tiene como objetivo "ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino, tomando como base la mejor evidencia científica disponible y la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales".
Asimismo, el gobierno santafesino indica que la aprobación del protocolo "es un imperativo de la política sanitaria en materia de salud, la cual debe garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los pacientes, de acuerdo con los principios de accesibilidad, igualdad y no discriminación".
Y sostiene: "Es una herramienta destinada a proteger y acompañar el trabajo de las instituciones y los equipos de salud en la Provincia de Santa Fe, tanto responsables de atender la salud de la población, brindando lineamientos claros y actualizados que los ayuden a actuar con responsabilidad y compromiso frente a las circunstancias que habilitan la interrupción legal del embarazo".
"Que, desde el punto de vista médico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos", se agrega.
Al mismo tiempo en el decreto se recuerda: "Desde el punto de vista jurídico, el acceso a esta práctica está garantizado en el marco argentino por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados por la Reforma de 1994, como así también por el Código Penal de la Nación de 1921 y el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015".
"La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del Fallo "F., A. L s/Medida Autosatisfactiva", avaló en el año 2012 el accionar de los equipos de salud y el acceso a la interrupción legal del embarazo, exhortando a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos".
Objeción de conciencia
Uno de los puntos que despertó una decisión política reaccionaria en el gobierno de Mauricio Macri fue la actualización del protocolo para la objeción de conciencia. En esta actualización del protocolo en su edición 2019, se establece que la objeción de conciencia no podrá ser aplicada a una institución, sino limitarse solo a los profesionales: "La objeción de conciencia es siempre individual. Todos los efectores de salud en condiciones de practicar ILE deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a la misma", dice la normativa.
En el nuevo protocolo ILE, se expresa: "No podrá ejercerse la objeción de conciencia si no existiera un profesional disponible para la realizar la práctica de forma oportuna, tal y como lo establecen las leyes de derechos del pacientes y de ejercicio de la medicina (Ley 26.529, artículo 2,a; Ley 17.132, artículo 19.2). Tampoco podrá ejercerse objeción en los casos de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente, pues pondría en riesgo la vida o salud de la paciente. La objeción de conciencia no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar".
Agrupaciones de socorristas de la ciudad –son un anclaje con el Estado para que se cumpla la práctica– señalaron a UNO Santa Fe grandes dificultades para acceder al derecho en los hospitales Cullen e Iturraspe.
Consentimiento y plazos
Uno de los puntos destacados por el Ministerio de Salud provincial está relacionado con las actualizaciones normativas que se establecen en el protocolo como por ejemplo el acceso de adolescentes entre los 13 y 16 años, pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE, cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida. Plazos También es para considerar que a partir de la nueva guía avalada desde el Ejecutivo nacional, se especifica un plazo para que el sistema sanitario responda a la solicitud de la ILE. Así, el tiempo máximo de respuesta es de 10 días por parte de estos efectores.
Causal Salud
Otro dato a considerar es que la “causal salud” como es denominada, engloba la integridad de la persona gestante, es decir, su salud física, psíquica y social en un contexto determinado ya que el nuevo protocolo avala otros factores que no solo tienen que ver con el riesgo de vida para la gestante o ante una violación, sino que mira el contexto y debe acompañarla en ese camino.
Inclusivo
La actualización a la que adhiere el gobierno provincial también refiere a que todas las personas con capacidad de gestar (es decir: mujeres, niñas, adolescentes, varones trans y personas que no se identifican con ningún género) tienen derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este se encuadre en alguna de las causales que la ley establece para solicitar la práctica: que represente un peligro para la vida o la salud, o que sea producto de una violación.
Memoria
En este punto cabe recordar que la ilegalidad del aborto y el fundamentalismo religioso en la gestión estatal dejó una triste marca en la historia de la provincia y del país. Ana María Acevedo (20) murió el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. A pesar del cáncer fulminante nunca recibió el tratamiento que requería. Los médicos decidieron no atender la enfermedad porque la joven estaba embarazada y se negaron a realizarle el aborto terapéutico que la familia solicitó. "Vamos a salvar las dos vidas", le dijeron a la mamá de Ana María mientras la chica lloraba de dolor. Poco tiempo antes de morir le hicieron una cesárea a las 22 o 23 semanas de la que nació una beba que sobrevivió menos de 24 horas.
Además, en 2015 se emitió un dictamen en el que se reconoció la responsabilidad del Estado santafesino en el fallecimiento de Ana María; y el 26 de octubre de ese año, el entonces gobernador, Antonio Bonfatti, realizó un pedido formal de disculpas a sus familiares y les entregó un resarcimiento económico.
El caso marcó un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino y en el debate sobre el cumplimiento efectivo del artículo 86º del Código Penal. Por la lucha de los movimientos de mujeres, en Santa Fe está vigente desde abril de 2012 el protocolo ILE de la Nación a través de la resolución Nº 612 del Ministerio de Salud provincial y hoy es actualizado por decreto.
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