Santa fe,  Domingo 23 de Septiembre de 2018 - 16:44 Temp: C
RAÚL LAMBERTO
“El valor de la reforma constitucional debería estar en garantizar derechos”
En el marco de una jornada que giró en torno a la consigna “La Defensoría del Pueblo en la Reforma Constitucional” el defensor expresó la importancia de darle rango constitucional a la Defensoría del Pueblo y de incorporar garantías que protejan los derechos de los ciudadanos.
Tapa | Noticia | 28-05-2018
El Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, participó el miércoles pasado de la jornada “La Defensoría del Pueblo en la Reforma Constitucional: derechos ciudadanos y métodos de pacificación” que se desarrolló en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Santa Fe, y que contó con la participación de destacados panelistas nacionales e internacionales: Carlos Constenla, Alejandro Nató, Marta Paillet y María Soledad Manin.
“Queremos sumarnos a un debate que se está dando en la provincia de Santa Fe incorporando dentro de los puntos a reformar el dar carácter constitucional a la Defensoría del Pueblo”, expresó el Defensor para introducir a su ponencia.
“Toda constitución o reforma obedece a algún valor, por ejemplo la Ley Saenz Peña tuvo como valor terminar con el fraude electoral, la Ley del voto femenino tuvo como valor terminar con el aislamiento político de la población femenina y en la constitución de 1994 encontramos el valor en la incorporación de los tratados internacionales”, repasó Lamberto y agregó: “Para que esta reforma esté a la altura de los tiempos que hoy atraviesa Santa Fe tiene que encontrar su valor en los derechos. Hoy se debaten derechos de tercera generación, cuarta generación y hasta de quinta, y no basta solo con enumerar derechos sino que hay que establecer garantías. Esto es quizás lo que más necesitan hoy las constituciones: establecer garantías para garantizar esos derechos”.
“En el mundo existen entre 600 a 800 defensores del Pueblo u Ombudsmann, no hay otra figura que tenga el alcance internacional que tiene esa figura”, detalló y remarcó: “Por eso la Organización de la Naciones Unidas (ONU) estableció que fueran los defensores del pueblo los que hagan el seguimiento de las políticas públicas fijadas en la Agenda 2030, en términos cuantitativos y cualitativos".
Por último y en este mismo sentido, consideró fundamental que la institución cuente con autonomía funcional y política, y autarquía presupuestaria. En cuanto a las competencias propuso “quitarles todo corsé que la limite” y en referencia los objetivos y metas de la Agenda 2030 de la ONU hizo hincapié en la cantidad de derechos, aspiraciones de las sociedades y garantías, y reflexionó: “De allí la necesidad de que se pueda tener la máxima flexibilidad”.
Los panelistas
Tras la apertura del Defensor del Pueblo se dio inicio al primer módulo nominado “La Defensoría del Pueblo en la Constitución Provincial: nuevas atribuciones y competencias” que contó con las ponencias de los reconocidos especialistas Carlos Constenla (presidente del Instituto Latinoamericano del Omudsman y ex presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina) y María Soledad Manin (especialista en Derecho Administrativo y asesora de la Defensoría del Pueblo de la Nación).
Constenla señaló: “Si no están en las constituciones o en las cartas municipales quedan libradas a las mayorías temporarias que tienen las legislaturas”, y sostuvo que: “Nuestra profunda convicción es que si no existe esta institución no se configura ni se cierra el círculo de la democracia porque no se da cabida ni contenido a la desconfianza que los pueblos tienen en el poder”.
A su turno, María Soledad Manin hizo un repaso sobre las distintas experiencias de incorporación de las defensorías que se realizaron en las distintas provincias del país y detalló que “las provincias argentinas que tienen las defensorías incorporadas en la constitución son Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Río Negro, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la vez que aclaró que: “Entre Ríos, Neuquén y San Luis también tiene rango constitucional pero no tienen designado defensor”.
A continuación se desarrolló el segundo módulo bajo la consigna “La importancia del reconocimiento constitucional a todos los métodos de pacificación social” a cargo de Alejandro Nató (coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación y ex Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Marta Paillet (especialista en mediación y consultora permanente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en procesos de mediación educativa).
Nató, durante su alocución, se refirió al rol de las defensorías y señaló que “en las prácticas sociales aquellos que se caen del sistema y pujan por entrar lo hacen en clave de conflicto y cada vez más violentamente, nosotros trabajamos para que no haya violencia”, y advirtió: “Si no somos todos conscientes de que tenemos que proveer de recursos para que esa justicia básica vuelva a ser justicia, para que la gente vuelva a confiar en la justicia, para afianzar el sistema de justicia lo único que estamos haciendo es alimentar un sistema que nos deja a todos afuera, porque la nueva estatalidad nos deja a todos afuera”.
Por último, Paillet, rescató que: “Si nosotros conseguimos que por la difusión que hacemos, por la incorporación en la jerarquía de una norma constitucional por la divulgación de un centro de defensa de derechos como es la defensoría, que lo está haciendo brillantemente en la provincia de Santa Fe, nosotros podemos tener en muy poco tiempo cambios realmente extraordinarios”.
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